miércoles, 9 de mayo de 2018

#LasReglasClaras

La participación política de los ciudadanos se da a pesar que no se quiera participar, es decir, todo está escrito para que cierto sector tome acción en ella y nos termine afectando a todos. Nos guste o no, participemos o no.


Esta reflexión nace porque ayer por la tarde me enteré del tema de la reforma al código penal, en especial al segundo párrafo del artículo 407 N que trata sobre financiamiento electoral. Allí, en algo tan simple, se dictamina el proceder de una democracia.

Es un tema complejo que trataré de explicar – según entendí -  en los siguientes párrafos. Para ello busqué opiniones en redes sociales, leí la mentada reforma y les adjunto al final de este artículo, los elementos infográficos consultados. Me di cuenta que no hay reglas claras sobre el involucramiento político del resto de mortales.

Empecemos, si yo creo que cierto partido político me identifica en valores, convicciones, forma de ver el mundo, sus integrantes me representan; pues estoy en la libertad de aportar con dinero para ayudarlos en su campaña.

Realizar campaña política es una actividad onerosa. Requiere de recursos económicos, logísticos y humanos. Y para ello, se necesita pisto. Simple y llano pisto.

Por lo tanto, los partidos políticos están a la caza de financistas que crean en su proyecto para llegar al poder. Esto aplica para todos los niveles, desde aspirantes a una curul en el congreso, alcaldías y presidencia.

Ese modelo es el que tradicionalmente ha funcionado en el sistema democrático chapín. También ha dado pie a que se incurra en faltas y delitos de financiamiento electoral ilícito, que no es otra cosa que inyectar dinero mal habido al proyecto político, o bien, “lavar” dinero de actividades ilícitas como narcotráfico, corrupción, desfalcos, etcétera.

¿Qué afecta que se inyecten esos fondos a un proyecto político? Pues que los que proveen ese dinero no se dedican a estar bajo el amparo de la ley, quieren apoyar al partido político para obtener algo a cambio, que pueden ser beneficios espurios como contratos específicos, o bien, evitar que organismos estatales se enfoquen en cierta región.

Ambos casos atentan contra el Estado de Derecho, este dinero ilícito es básicamente una compra de “favores”, que serán cobrados una vez el partido llegue al poder. 


La responsabilidad en el caso

Acá son culpables tanto financistas como financiados. Este modelo golpea seriamente la democracia ya que tiene “amarrado de manos” a los funcionarios públicos sobre su mandato y compromiso adquirido.

También está a la inversa: cuando los aspirantes al poder solicitan fondos a cambio de “estar congraciados” con el gobernante. Es decir, un candidato a presidente promete favores a cambio de dinero.

Antes de seguir vamos dejando claro algo: DONAR dinero, FINANCIAR partidos políticos, NO ES DELITO. PEDIR dinero para apoyar un proyecto, SOLICITAR FONDOS para llegar a dirigir un país, NO ES DELITO. Es parte del sistema democrático que funciona en Guatemala, Estados Unidos, Europa, etcétera.

Ofrecer prebendas, favores, o pedirlos, SÍ LO ES.


Caso actual

Dejando claro esto, quiero pasar al caso particular de FCN-NACIÓN: se solicitaron donativos para la campaña, los cuales fueron entregados por diferentes empresas.

Estas empresas, dejaron en papel – como manda la ley – los donativos realizados. Pero ese dinero, no fue declarado de parte del partido ahora gobernante.

FCN, tuvo que declarar ese dinero como parte de su campaña, cosa que no hizo. Allí incumplió las reglas del juego, la omisión de información es un delito contemplado por el Tribunal Supremo Electoral. Esa es la razón por la cual está siendo investigado.

Si bien no fue el mismo Jimmy Morales que solicitó los fondos (fue Edgar Ovalle, electo diputado y actualmente prófugo de la justicia) tiene responsabilidad al ser el Secretario General de FCN.

407 N

Dados estas situaciones, la Corte de Constitucionalidad le solicitó al congreso que revisara la ley de Financiamiento Electoral para que dejara clara las penas impuestas a quienes incurrieran en tales delitos.

Todo bien. Pero…

Siempre hay un pero, y en esta caso es mayúsculo. Sucede que el congreso redactó de tal manera la reforma a la ley, que se exime al partido político de ser castigado si llegan a realizar financiamiento ilícito. Se perseguirá a la persona, no al partido.

Claro, no es un asesinato lo que se está cometiendo, no es un robo de activos, no es un secuestro, es simplemente, no declarar dinero. Pero esto, obrado de mala fe, sí genera las condiciones para que se cometan crímenes mayores.

Un error lo comete cualquiera, hay omisiones, facturaciones, recibos que pueden quedar en el archivo. ¿Cárcel por eso? No lo creo necesario: un procedimiento abreviado es la solución para no saturar el ya espeso sistema judicial. Penas conmutables, es una buena opción. 

Eso sí, toda organización política debe dar cuentas de la probidad de sus integrantes: su labor así lo requiere. No es poca cosa dirigir un país, pero se debe dar un golpe de integridad sobre la mesa y rendir cuentas de lo que hace. Los partidos deben responder por sus integrantes.

¿Por qué tanta alharaca sobre el tema?

Porque debemos dejar las reglas claras de la participación de los políticos y civiles en el juego electoral. Porque debemos de ser susceptibles a auditorías (de hecho, ya lo somos todo el tiempo para los que trabajamos en el sector privado) y máxime aun, para los que manejan fondos públicos que no es otra cosa, que el dinero de todos los que contribuimos con nuestros impuestos.

Tener las reglas claras en la política nos genera confianza en un sistema históricamente oscuro, nos da esperanza y nos ofrece involucrarnos para bien, en la vida activa del país. Ello nos permitirá generar fortaleza como sociedad: un Estado probo, un sector privado comprometido con Guatemala, ciudadanos despiertos.

Es hora de limpiar la mesa, es el momento de involucrarnos como chapines en las decisiones que nos permitirán ser una mejor Guatemala. Debemos como ciudadanos, exigir a las autoridades que dejen la mesa limpia para poder participar en una actividad que debe ser transparente.

 

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